-+-
http://www.eldiariomontanes.es/v/20111122/cantabria/jueces-paran-caza-menor-201 11122.html
Los jueces paran la caza menor en Castilla
22/11/2011
Un auto del Tribunal Superior de Castilla y León amenaza con paralizar la caza menor en esa comunidad, escogida por miles de aficionados cántabros para tirar por estas fechas a la perdiz, el conejo y la becada. La resolución, dictada por
Sala de lo Contencioso Administrativo, ha suspendido de forma cautelar varios artículos de la orden de caza que la Junta castellanoleonesa había aprobado este año, una medida que, en teoría, estará vigente mientras los magistrados resuelven el recurso de Ecologistas en Acción contra la normativa autonómica. Ha sido, en concreto, la anulación del artículo 2.1 lo que impide la caza menor -no la mayor-, pues esa disposición regula las especies cinegéticas; es decir, las que se pueden matar hasta el 29 de enero, que es cuando termina la presente
temporada. Al ser invalidada tal regulación, la práctica cinegética no es posible por falta de base legal.
El Tribunal Superior ha aceptado la tesis de los ecologistas, que advertían de que la orden de caza debe adaptarse a la directiva comunitaria sobre aves, lo que obliga a la Junta de Castilla y León a incorporar estudios científicos que justifiquen por qué unas especies concretas son aptas para la práctica cinegética. En realidad, los jueces ya habían advertido de ese requisito al Gobierno regional hace tres años, cuando dejaron sin efecto cuatro artículos de
la orden de caza de 2002. Y fueron exactamente las mismas disposiciones que han
tenido que anular en la orden de este año: 2.1, 6.1, 6.3 y 9.1.
Estrategia legal
El nuevo auto recuerda que, entonces, las autoridades autonómicas aceptaron la suspensión de los artículos -en la práctica, aquella anulación llegó tarde y no
impidió la caza-. Si ahora los preceptos son similares, continúan los jueces, lo lógico es actuar de forma idéntica. La Junta, que recibió ayer la notificación de la resolución judicial, ha reconocido el error cometido y ha anunciado que intentará agotar todos los plazos legales a su alcance para que la decisión judicial no tenga que ejecutarse en la práctica. En primer lugar, la Administración autonómica pedirá al Tribunal Superior una explicación de la resolución que han adoptado. Ese trámite llevará varios días, durante los cuales se ultimará una nueva orden de caza que esté adaptada por fin a la legislación europea. No obstante, si finalmente no hubiera tiempo suficiente (el borrador de la nueva orden fue enviado ayer al consejo consultivo del Ejecutivo regional), la Junta presentaría entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esa posiblidad está contemplada en el propio auto judicial
y, según las autoridades regionales, detendría su ejecución. A pesar de esas aclaraciones, la indignación es palpable entre los aficionados, debido a la incertidumbre que se ha creado cuando están abonados los cotos y las licencias.
Castilla y León es una de las comunidades preferidas por los aficionados cántabros, y también por los vascos, asturianos y gallegos. Cuenta con 5.700 cotos privados, diez reservas regionales de caza y ocho zonas de caza controlada.
Los colectivos de cazadores dicen que si efectivamente se prohibiera la actividad cinegética en esa comunidad, los perjuicios serían difíciles de calcular tanto para los propios cazadores como para los municipios y negocios que obtienen recursos directos e indirectos de esa actividad. Una sociedad de caza puede pagar más de 20.000 euros a un municipio por los derechos de caza menor durante una temporada.
-+-
Marcos Pastor Calvet
--- BBBS/LiI v4.01 Flag
* Origin: Eye Of The Beholder BBS : el Corsario de FidoNet (2:343/107)