http://elpais.com/elpais/2012/03/04/opinion/1330889748_957658.html
Litoral en retroceso
05/03/2012
El Gobierno ha anunciado su intención de reformar la Ley de Costas y los
primeros mensajes emitidos hacen temer una peligrosa relajación en los
mecanismos que esa norma estableció para frenar los desmanes urbanísticos
en el litoral español. Aquella Ley de 1988 fijó la obligación de delimitar >> las zonas consideradas de dominio público, prohibió la construcción en las >> mismas y permitió la existencia de edificaciones previas como concesiones
estatales durante un plazo de 30 años (prorrogables hasta 60) antes de
acabar con ellas.
Pues si hace una reforma equivalente a la "laboral", nos hemos quedado sin
litoral ... me da que incluso llegarán a permitir la "privatización" de alguna
zonas para empresas hoteleras/ocio en exclusiva.
Sí, de momento ya se han sacado de la manga el concepto de "litoral degradado"...
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/26/actualidad/1330285763_097136.htm l
Costas planea una amnistía a las casas construidas sobre litoral ôdegradadoö
26/02/2012
La ôprofunda reformaö que prepara el Gobierno sobre la Ley de Costas flexibilizará el proceso para dejar en manos privadas el terreno público de la costa si esta se encuentra degradada. Así lo apunta el Ministerio de Medio Ambiente en su informe al Consejo Asesor de Medio Ambiente sobre la Ley de Costas y su próxima reforma. En él cita que previsiblemente desafectará barrios
como El Palo y Pedregalejo (Málaga) y Chilches (Castellón).
En el documento, de tres folios, Medio Ambiente destroza la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, y su aplicación. Señala que los deslindes ùel trámite que separa la línea pública y privadaù han seguido un ôtrazado aparentemente arbitrarioö sin que el propio ministerio conozca ôlos criterios técnicos por los que esa línea no traza una línea recta sino que hace zig-zagö.
Después de casi 25 años de ley, el Gobierno tiene deslindado el 96% del litoral
y ha ganado en los tribunales más del 90% de los casos. Ahora, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete asume las tesis de muchos de los dueños de terreno en la costa declarado público y considera que no está bien hecho.
El ministerio señala que hay unas 32.000 ocupaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre y de las cuales 24.000 aún no han recibido la concesión. Los
propietarios consideran que al no recibir la concesión ganan tiempo y, además, las demarcaciones de Costas se han visto incapaces de tramitarlas.
Medio Ambiente dedica un amplio apartado a señalar los problemas de la ley para
justificar su reforma. Así, señala que la norma ha generado ôinseguridad jurídicaö, ôconflictividad socialö y ôcierta sensación de agravio entre no pocos ciudadanosö. También cita el Informe Auken, que el Parlamento Europeo aprobó en 2009 y que pedía un cambio en la ley. Ese informe cargaba principalmente contra el urbanismo en la Comunidad Valenciana promovido por el Gobierno del PP y los populares criticaron el texto. Ahora, el Gobierno lo retoma.
La conclusión del Gobierno es que hace falta una reforma legal ôque concilie la
necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público, que no restrinja, además, la actividad económica y, por tanto, la generación de empleoö.
Las concesiones podrían llegar a 2063
El ministerio señala entre las ôposibles reformasö de la ley un cambio en el ôrégimen de compensaciones por la pérdida de propiedadesö. Quienes tenían una casa construida legalmente en la playa antes de 1988 no fueron expropiados sino
que recibieron una concesión durante 30 años (ampliable a 60) sin pagar canon. Así, podían seguir usando la casa durante ese tiempo, pero sin venderla. El Gobierno apunta que permitirá venderlas ùalgo que ya intentó el ministerio con Elena Espinosaù. En el Congreso, Arias Cañete señaló que las concesiones se aproximarían a las de la ôLey de Aguas y la de Patrimonio de las Administraciones Públicasö, que son de 75 años. De ser así, las concesiones que
comienzan a caducar en 2018 (a los 30 años de la ley) podrían seguir sobre la arena hasta 2063, si se toma como punto de partida 1988.
Otro de los puntos que Arias Cañete planea reformar es la desafectación, el trámite para que el dominio público pase a manos privadas. Según el informe de Medio Ambiente, el proceso debería ser ômás ágil y rápido para aquellos bienes que han perdido sus características naturales de dominio públicoö. Y cita que la desafectación podría aplicarse a ôbienes degradados incluidos en antiguos deslindesö, como ôEl Palo y Pedregalejo en Málaga, Chilches, en Castellón, cornisa de Cantabria...)ö. En los casos de Málaga son antiguos barrios de pescadores construidos sobre la playa y que ya están integrados en el casco urbano.
El documento da más claves de la reforma, como la de autorizar nuevos usos en la ôservidumbre de protecciónö siempre que, según Medio Ambiente, ôresulten compatibles con la protección ambiental del dominio público marítimo terrestre y su utilización públicaö.
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Marcos Pastor Calvet
--- BBBS/LiI v4.01 Flag
* Origin: Eye Of The Beholder BBS : el Corsario de FidoNet (2:343/107)